Foto: Senado de la República
Tomado de: Senado de la República
El Congreso Pleno escuchó a representantes de organizaciones de víctimas del conflicto y representantes de instituciones, espacio en el que se trataron temas como la atención integral del Estado, el goce efectivo de derechos, brindar garantías de no repetición y el seguimiento a la JEP, entre otros.
Por: Samia AbisambraVesga / Martha Cecilia Lacoutire / Giovanny Mora López
Bogotá D.C., abril 9 de 2022 (Prensa Senado). Con el propósito de conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, según lo estipulado en la Ley 1448 de 2011 (Víctimas y Restitución de Tierras), el Congreso de la República sesionó en pleno para así escuchar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, así como a los representantes de diversas instituciones.
A través de dicha Ley, se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y reconoce los derechos que tienen a saber la verdad, así como a ser reparadas en el daño sufrido, a recibir justicia y a que los hechos que les causaron dolor no vuelvan a ocurrir.
El presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez (Partido Conservador), comentó que “este día 9 de abril, día de sesión especial para las víctimas, vamos a escuchar a todas las organizaciones inscritas previamente para este propósito”.
Intervención víctimas
Liliana Martínez Rincón, de Arauquita (Arauca), representante de la Mesa Nacional de Víctimas por el hecho victimizante de desaparición forzada comentó que “desde el 9 de abril de 2012 Colombia conmemora cada año el Día Nacional de las Víctimas, por mandato de la Ley 1448 de 2011, la cual estableció que el Estado realice eventos en memoria y reconocimiento de las personas afectadas del conflicto armado”.
Por su parte, Odorico Guerra Salgado, de Aracataca (Magdalena), víctima de desaparición forzada, agradeció al país, al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a los líderes que “con mucho esfuerzo aportamos nuestro grano de arena para que estas circunscripciones especiales transitorias de paz para las víctimas del conflicto armando hoy sean una realidad. En ellas están representadas todas las víctimas del país”. De igual manera, se hace necesario pensar en algunos aspectos de la normatividad que deben ser reformados, cambiados y, en algunos casos, derogados.
En su intervención, John Jairo Romero, representante de víctimas en el exterior ante la Mesa Nacional afirmó que “en este día honramos la vida y memoria de millones de víctimas ocasionadas por el conflicto armado colombiano. Hoy las víctimas exiliadas solicitamos el derecho a tener derechos y el reconocimiento integral de medidas que garanticen la no repetición de hechos atroces que no podemos olvidar. No es posible hablar de paz sin hablar de justicia social”.
A su vez la señora Blanca Yoli Real, coordinadora del departamento del Vichada, manifestó que “para las victimas del conflicto es importante estos espacios, y más para un departamento como el Vichada, pedimos que se territorialicen las leyes y decretos que salen a nivel nacional”.
Por otro lado, Mayerly Paredes, representante del departamento del Huila aseguró que “las mujeres tenemos una gran preocupación, son más de 34 mil victimas de violencia sexual, por lo cual pedimos la solidaridad de los colombianos. Vemos la lentitud de los procesos, por esto la restitución de derechos humanos aumenta cada día más”, al igual sostuvo que “las victimas somos el centro de la paz, pero tenemos una participación limitada; por el daño que hemos sufrido merecemos ser priorizados”.
Sandra Castañeda, líder social y defensora de los derechos humanos en el departamento del Tolima, solicitó al Congreso que “impongan su exigencia para que las instituciones dignifiquen y se materialice el goce efectivo de nuestros derechos como victimas de violencia sexual del conflicto. Las victimas hemos servido de vitrina para muchos escenarios a nivel internacional, pero en muchos lugares no llega la presencia del Estado, y al no estar la presencia del Estado se ve una re victimización mucho más grande, donde las victimas son quienes siguen sufriendo y padeciendo todas estas dificultades”.
Beneficiarios de restitución de tierras
Julia Meriño, beneficiaria de restitución de tierras en el corregimiento de Chengue en Oveja (Sucre), argumentó que “he regresado a mi tierra con el proceso de restitución de tierras y estamos trabajando proyectos colectivos con el campo; no obstante, nos faltan muchas cosas por cumplir, no tenemos vías terciarias para sacar nuestros productos. Queremos pedirles que sigan apoyándonos y que tengan en cuenta a nuestros ancianos y mujeres cabezas de hogar”.
Por su parte, César Caballero, beneficiario de restitución de tierras en la vereda Quinales en el municipio del Playón (Santander) comentó que “hoy tengo que contar que la unidad de restitución de tierras, desde 2015 nos recibió y comenzó el proceso, en 2019 el juez falló a favor nuestro para la entrega del predio el cual los estamos gozando. Nos entregaron un proyecto productivo de 36 millones de pesos, con el cual hemos podido participar en ruedas de negocio en Santander y Bogotá. Otras asociaciones, comunidades y victimas han sido restituidas y han logrado comercializar sus productos a través de estos procesos”.
De igual manera, Amilkar Rocha González, representante del consejo comunitario de comunidades negras, afirmó que “hoy las poblaciones étnicas afrocolombianas estamos agradecidas gracias a la Ley de restitución de tierras, ya que se está haciendo el desminado humanitario en el territorio ancestral, lo cual nos va a permitir disfrutar de las áreas que hoy no podemos acceder, pero también quisiéramos que el Congreso de la República vigile a los juzgados que tienen el proceso para que no se estanque y se le de celeridad”.
Por último, Martha Soto, perteneciente a la organización Movice Antioquia, argumentó que “insistimos en denunciar los crímenes de Estado, algunas de estas cifras son 6.402 victimas de ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio Nacional entre 2002 y 2008, según reconoció la JEP; 6 millones 433 mil desplazados, cifra que posiciona a Colombia después de Siria como el segundo país a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos; 1.834 casos de tortura entre 2001 y 2009; 180 victimas de asesinatos selectivos”, entre otras cifras.
Algunas intervenciones de senadores
La senadora Aida Avella (Coalición Lista de la Decencia) afirmó que “hemos escuchado desde hace 74, que mataron a Gaitán, tanto sufrimiento en todo el país de madres, padres, hermanos y colombianos en general, es doloroso oír tanto sufrimiento junto en este momento. Lo que necesitamos en Colombia es construir la paz. Todas las víctimas merecen un respeto especial”.
La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) invitó a combatir flagelo del narcotráfico y reconocer a las Fuerzas Militares, y añadió que los delitos de crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes como el compromiso de la verdad y la justicia a las víctimas según lo establecido en el estatuto de roma.
Así mismo, Senador John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) enfatizó que la JEP ha quedado en deuda en cuanto el reconocimiento por parte de los victimarios y las sanciones de crimines de lesa humanidad, es necesario que la ley 1448 en la ampliación por 10 años como reconocimiento de sus derechos.
Al finalizar el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, puntualizó que “este año 2022 es uno de los más emblemáticos para las víctimas, debido a que es la primera vez que tienen sus 16 circunscripciones especiales elegidas en todo el territorio nacional y es el canal que esperamos que sea necesario para poder avanzar en la creación de las políticas públicas para las víctimas. Aquí hay una gran tarea y es poder llegar a que las víctimas sean el eje central del posconflicto
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