Fotografía: Senado de la República
Tomado de: Senado de la República
Se trata de la ley 256, de autoría de la senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático), que crea una exención legal para el pago de las tarifas del Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11, con el fin de facilitar a las víctimas de la violencia el acceso a la Educación Superior.
La congresista Ruby Helena Chagui Spath, (Centro Democrático), quien en su momento fue ponente de este proyecto, hoy convertido en ley de la república, argumentó contundente y optimista: “Vamos a facilitar el acceso a la educación superior de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, víctimas de la violencia, teniendo en cuenta que para ellos ese requisito es indispensable para la presentación de ese examen Saber 11”.
Cabe anotar, que las personas que se inscriban para presentar el examen de Estado de la Educación Media, Saber 11, que sean menores de 21 años, incluidas en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y que pertenezcan a los grupos A, B Y C del Sisbén IV, que corresponden a la población pobre extrema, pobre y vulnerable, quedarán exentas del cobro del 100 % de la tarifa del Examen de Estado en mención. La norma, establece además que los estudiantes solo podrán acceder al beneficio, por una sola vez.
Respecto a lo del Sisbén, corresponde a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al Departamento Nacional de Planeación, proporcionar al Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), la información de los potenciales beneficiarios.
Es importante destacar que el ICFES no podrá utilizar lo dispuesto en la presente norma como justificación para aumentar el valor de la tarifa por concepto del Examen de Estado de la Educación Media Saber 11 a los estudiantes de colegios públicos.
Por su parte, el Gobierno nacional, garantizará los recursos para la implementación de esta ley, en consideración a la sostenibilidad financiera del ICFES.
