Fotografía: Defensoría del Pueblo
Tomado de: Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a través de la firma de un memorando de entendimiento, vienen realizando acciones de cooperación para identificar e intervenir las barreras prácticas y jurídicas que enfrentan las personas en contextos migratorios para acceder a sus derechos, cuando son víctimas de los conflictos armados en Colombia. El CICR participa en este proyecto atendiendo su mandato humanitario de aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por los conflictos armados y otras situaciones de violencia.
Esta iniciativa reconoce que la prolongación de los conflictos armados en Colombia genera graves consecuencias humanitarias que también están impactando a la población migrante presente en el territorio nacional. Si bien las normas nacionales protegen a todas las víctimas del conflicto, las personas extranjeras se enfrentan a diversas barreras para acceder a sus derechos, que demanda una adecuación de la respuesta institucional a esta realidad.
El proyecto conjunto, que está coordinado por las delegadas para los Asuntos Constitucionales y Legales y los Derechos de la Población en Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo y por la Oficina Jurídica del CICR, cuenta con tres fases de implementación que permiten identificar las mencionadas barreras y diseñar soluciones para superarlas, de las cuales a la fecha se han ejecutado las dos primeras:
Fases del Proyecto
En la primera fase se adelantaron jornadas de formación sobre migración internacional y derecho internacional humanitario (DIH) dirigidas a los equipos en terreno de la Defensoría del Pueblo y del CICR en Norte de Santander, Arauca y Nariño, departamentos priorizados por el proyecto. Posteriormente, se realizaron unas mesas de trabajo en las que, a partir de la experiencia adquirida en su función de orientación, asistencia y atención, los equipos en terreno identificaron las barreras que enfrenta la población en contexto migratorio, víctima o en riesgo de victimización con ocasión de los conflictos armados en Colombia, para acceder a sus derechos.
En la segunda fase, ejecutada en las últimas tres semanas en las ciudades de Cúcuta, Arauca y Pasto, se reafirmaron las barreras identificadas en la primera fase y se encontraron nuevas a partir de talleres con comunidades migrantes, de acogida y retornadas, que adicionalmente fueron empoderadas en el ejercicio de sus derechos. También se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades locales y organizaciones internacionales y de la sociedad civil que orientan, atienden o asisten a la población con doble afectación.
A partir de este momento, la Defensoría del Pueblo y el CICR inician la última fase de ejecución del proyecto conjunto en la cual sistematizarán y clasificarán las barreras identificadas. Una vez cumplida este paso, se adelantará la discusión para determinar posibles soluciones a las problemáticas que enfrenta la población con doble afectación, y generar actividades de persuasión y asesoramiento a las autoridades del orden nacional, con el fin de que puedan dar una respuesta institucional garantista a esta situación
